Descripción del documento
En los primeros días de julio de 1936 los rumores de una posible sublevación de una parte del Ejército español iban tomando fuerza. Ante esta situación el gobernador civil de Cádiz, Mariano Zapico, adoptaría una serie de medidas para tener preparado un sólido foco de resistencia alrededor de la capital, creando incluso una línea telegráfica paralela que no pudiera ser atacada por las fuerzas golpistas.
El golpe de Estado en Marruecos no tardaría en llegar. El 17 de julio, Zapico alertaría a todas las autoridades, junto al capitán jefe de la Guardia de Asalto, Antonio Yáñez-Barnuevo, para liderar la resistencia en tres edificios emblemáticos, el Gobierno Civil, el Ayuntamiento de Cádiz y el edificio de Correos y Telégrafos. Zapico se hizo fuerte en la sede del Gobierno Civil, junto al presidente de la Diputación, Francisco Cossi. También lo acompañarían medio centenar de militares leales a la República comandados por el capitán Barnuevo y voluntarios civiles, dispuestos a defender la sede legal del Gobierno.
La tarde del 18 de julio comenzaron a rodear Cádiz los militares golpistas, mientras las fuerzas leales continuaban sitiadas en los principales puntos de la ciudad. Los altercados en las calles se sucedían, dejando un primer reguero de treinta víctimas, así como el inicio de una huelga que paralizó comercios, periódicos, empresas de aviación, astilleros y tabacalera.
La situación estaba más que controlada por los golpistas durante la mañana del 19 de julio. Dos barcos atracarían en el puerto de Cádiz con un contingente de regulares procedentes de Ceuta. Reforzaban así la posición de los sublevados, lo que obligó a Zapico a tomar la decisión de secundar la retirada.
Los leales comenzaron a ser encarcelados en el Castillo de San Sebastián, establecido como prisión militar. Otros serían llevados a un barco que, a partir del día 22 de julio, se utilizaría como prisión flotante en plena bahía, el conocido buque Miraflores.
El 22 de julio de 1936 se les incoó expediente para un consejo de guerra ordenado desde Sevilla por Queipo de Llano. Serían procesados Mariano Zapico Menéndez-Valdés; el teniente coronel jefe de la Comandancia de Carabineros, Leoncio Jaso Paz; el comisario jefe provincial de Policía, Adolfo de la Calle Alonso, y el capitán jefe de la Guardia de Asalto, Antonio Yáñez-Barnuevo. El presidente del consejo fue el coronel Juan Herrera Malaguilla, jefe del Regimiento de Infantería de Cádiz. Serían condenados a muerte por un delito de rebelión militar.
El 2 de agosto la sentencia de muerte ya era firme y solo cuatro días más tarde, en el Castillo de San Sebastián, serían fusilados a las cinco y media Yáñez-Barnuevo junto a Zapico, Jaso y Parrilla. Las tropas del grupo de Fuerzas Regulares Indígenas nº 2 de Melilla serían las encargadas de llevar esta a cabo la operación.
Aquel castillo a los pies de la playa de La Caleta sería un lugar de fusilamiento habitual contra muchos defensores de la legalidad republicana y del orden constitucional.
