Descripción del documento
La ley de Memoria Democrática aprobada por las Cortes españolas en octubre de 2022 plantea de modo explícito el objetivo de “articular una respuesta del Estado para asumir los hechos del pasado en su integridad… evitando la repetición de enfrentamientos y cualquier justificación de violencia política o regímenes totalitarios”. Por eso se insiste en “fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político”. Se subraya, por tanto, el afán del legislador de construir un horizonte común de “convivencia y conciencia ciudadana”.
En el preámbulo de la ley se remontan los orígenes de la Memoria Democrática a la Constitución que, aprobada en Cádiz en 1812, trató de organizar la sociedad española desde los principios enarbolados en la revolución francesa (1789) de “libertad, igualdad y fraternidad”. Quizá nuestros legisladores hayan querido plantear que la noción de Memoria Democrática va más allá de la Segunda República y de la memoria anudada en torno a la tragedia de la guerra civil provocada por la insurrección militar de 1936 y la posterior dictadura del general Franco. No deja de ser arriesgado que se pronuncie el legislador sobre las lindes cronológicas de esa Memoria Democrática situando su punto de partida en 1812. La lectura del conjunto de la citada ley, sin embargo, confirma que la noción de Memoria Democrática se plantea ante todo como reparación y contrapartida a la memoria que la Dictadura de Franco trató de imponer durante cuarenta años.
En este sentido, atribuirse el Estado la capacidad de implantar una determinada memoria puede ser necesario en un determinado momento para hacer justicia con las ideas y personas que sufrieron la persecución y silencio durante el franquismo. Ahora bien, de ningún modo podría acreditarse para suplantar la enseñanza de una historia cuya utilidad social, según nos enseñó Marc Bloch, debe ser la de comprender la realidad humana, que siempre es, “como la del mundo físico, enorme y abigarrada”.
En concreto, quienes imparten historia en los distintos niveles educativos tienen -o tenemos- la responsabilidad de enseñar no solo esa etapa concreta que desde el Estado se deslinda para explicar la Memoria Democrática, sino todo el pasado. Conviene, por tanto, plantear en esta introducción una perspectiva más amplia que trascienda el período circunscrito a la Memoria Democrática. No cabe explicar toda la historia de España desde tan limitado eje cronológico, ni tampoco debemos enseñar nuestra historia de modo encapsulado en nuestras actuales fronteras, porque siempre y en todo momento nuestros antepasados han sido parte de una historia global que ha desbordado unas determinadas fronteras políticas.
Por eso, a la vista del índice de cuestiones que se abordan en este Informe del IEES-Fundación 1º de Mayo, puede ser provechoso plantear una serie de retos más universales que, por lo demás, pueden generar un debate siempre necesario para precisar contenidos y criterios en la enseñanza de nuestros pasados en plural. Al fin y al cabo, la historia y la memoria, aunque distintas en contenidos y objetivos, comparten la necesidad de conocer el pasado como referencia para construir un futuro de mayor justicia y libertad.
