* Francisca Huertas García, natural de Torrenueva (Ciudad Real) y vecina de la Bajadilla en Algeciras, fue víctima del Patronato de Protección a la Mujer.
* La dictadura franquista impuso durante décadas un régimen de terror en el Estado español, sostenido en la violencia, la represión política, la negación de derechos fundamentales y un machismo estructural que convirtió a las mujeres en uno de los objetivos prioritarios de la dictadura. El franquismo, un régimen fascista, misógino y avalado por la Iglesia Católica, tenía como objetivo someter a la población mediante el miedo y el castigo, y por eso, construyó mecanismos de dominación patriarcal para someter a las mujeres a la docilidad, el silencio y la sumisión.
El Patronato de Protección a la Mujer, creado en 1941, fue una de las instituciones más misóginas y longevas del régimen. Su objetivo no era la protección: fue creada para disciplinar, reprimir y destruir la libertad de miles de mujeres. Era un instrumento de control social y moral, pensado para castigar y anular a las mujeres que no se adaptaban al modelo dictado por el fascismo y por la moral católica más reaccionaria.
Miles de mujeres jóvenes y adolescentes fueron secuestradas por el Estado, internadas en centros sin ninguna garantía procesal, sin juicio y sin posibilidad de defensa por «impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas de acuerdo con las enseñanzas de la Religión Católica», según el Real Decreto de 6 de noviembre de 1941. Sus delitos eran a menudo la pobreza, la maternidad fuera del matrimonio, la insumisión, la disidencia política, la voluntad de emancipación o, simplemente, haber desafiado la moral impuesta por el nacionalcatolicismo.
En aquellos centros, gestionados por órdenes religiosas de monjas, las mujeres sufrían malos tratos físicos y psicológicos, vejaciones, humillaciones, castigos degradantes, trabajos forzados y condiciones de vida inhumanas. A muchas de ellas les arrancaron la maternidad: la mayoría de las mujeres que dieron luz en centros del Patronato fueron presionadas para dar en adopción a sus hijos. En otros casos, fueron informadas de que los hijos habían nacido muertos y según investigaciones recientes, se puede establecer una clara conexión entre el Patronato y la venta de bebés robados. La gravedad de estos hechos ocurridos en el seno de los centros del Patronato, de la misma forma que en todos los supuestos anteriores y posteriores de bebés robados han sido reconocidos por expertos y expertas independientes en derechos humanos de la ONU como delitos que requieren un marco jurídico específico que dé respuesta.