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El domingo 2 de agosto de 1936, tres semanas después del inicio de la sublevación, varios falangistas fueron a buscar a Blas Infante a su casa del municipio sevillano de Coria del Río.

La victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936 dio alas a las aspiraciones del movimiento andalucista. Apenas dos semanas antes del alzamiento militar el ideólogo andaluz fue designado Presidente de honor de la futura Junta Regional de Andalucía. Para Infante la base social del andalucismo era el Pueblo Trabajador Andaluz, no la burguesía o clases medias.

Tras su captura por las fuerzas rebeldes fue llevado al Ayuntamiento de Coria. Horas más tarde ingresaría en la cárcel improvisada que ocupaba el céntrico cine Jáuregui, un espacio donde eran hacinados los cientos de presos que, prácticamente de un día para otro, engrosaron las improvisadas cárceles de la capital.

Ocho días, los últimos de su vida, pasó Blas Infante en esa prisión. En la madrugada del lunes 10 al martes 11 de agosto lo trasladaron en un camión hasta las inmediaciones del cortijo de la Gota de Leche, en el kilómetro 4 de la carretera que unía Sevilla con Carmona.

Junto a Blas Infante fueron asesinados, además de hombres anónimos, otros destacados políticos. Entre ellos José González Fernández de Labandera, que fue alcalde de Sevilla en 1932. Su rápida actuación entonces, declarando la huelga de servicios públicos, justo antes de ser detenido, fue clave para que el golpe de Sanjurjo fracasara. También asesinados junto a Infante fueron Manuel Barrios, diputado socialista, Fermín Zayas, toda una personalidad de la masonería sevillana, y Emilio Barbero Núñez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y militante de Unión Republicana. Fueron depositados en una fosa común del cementerio de Sevilla.

Infante fue asesinado sin la oportunidad de defenderse en un juicio. Se le aplicó Bando de Guerra, que no era más que el eufemismo utilizado por los golpistas para denominar su justicia sumarísima.

Cuatro años después de su asesinato, Blas Infante sería condenado además por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, a una multa de 2.000 pesetas.